Institucionalidad y Juventud: Una deuda prolongada

No es un secreto que existe una importante deuda relacionada con generar espacios institucionales dirigidos a la juventud. El abordaje desde la política pública al respecto a este segmento etario siempre ha estado parcelada, adoleciendo de una integralidad lo suficientemente robusta como para generar resultados importantes.

Si bien es cierto que existe una figura institucional al alero del Ministerio de Desarrollo Social como el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), cuesta reconocer acciones relevantes que surjan del Estado que vaya en apoyo directo a este segmento de la población. Lo anterior es particularmente crítico considerando el potencial de los jóvenes como actores políticos que empujan cambios sociales, lo cual ha sido particularmente patente en las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011, y en los sucesos que derivaron a partir del 18 de octubre de 2019. En este sentido, es necesario superar el carácter reactivo que han tenido las políticas públicas dirigida hacia los jóvenes.

Tal como señala Soto (2022) las políticas públicas orientadas a la juventud en democracia tuvieron un carácter reactivo respecto a la situación crítica que aquejaba este grupo etario en dictadura, caracterizando estas problemáticas como una “deuda social” con los jóvenes del país. A partir de eso nació el INJUV, y se desarrollaron diversos programas de capacitación laboral. A 30 años de lo anterior, aún estamos estancados en soluciones en exceso sectorializadas, que no consideran las nuevas formas de expresión juvenil, ni los cambios culturales que han venido sucediendo con la llegada del nuevo milenio.

Es imperioso desarrollar alternativas institucionales que puedan complementar muchas de las iniciativas autogestionadas lideradas por jóvenes a lo largo del país, y que no estén acotadas a los (escasos) fondos concursables presentes en la oferta pública. Estamos en una coyuntura caracterizada por el proceso de creación de una nueva constitución que puede ser favorable para la creación una nueva institucionalidad más robusta y moderna que no considere a los jóvenes como sujetos pasivos que “no están ni ahí” (como se decía en los noventa) con el devenir del país. Tal como señalan Arellano y Gómez (2018) es momento de elaborar una política juvenil integral, local y participativa, en donde los jóvenes no estén concebidos como problemas, sino como actores estratégicos de su propio desarrollo.